- Federico Servet Clemencín, abogado y Jefe Provincial de FE JONS de Murcia.
- Miguel Gallego Alcaraz, farmacéutico.
- Ángel Romero Elorriaga, médico otorrinolaringólogo Presidente de Acción Popular.
- Sotero González Lerma, sacerdote y párroco de la iglesia del Carmen.
- Alfonso Carrasco Aracil: vecino de Cehegín y jefe local de FE JONS.
- Fernando Ciller Hita: vecino de Cehegín y militante FE JONS.
- Gonzalo de Haro Bustamante: vecino de Cehegín y militante de FE JONS.
- Antonio González Egea: vecino de Cehegín y militante de FE JONS.
- Francisco Moya Rubio: vecino de Cehegín y militante de FE JONS.
- Victoriano García Montiel: vecino de Cehegín y militante de FE JONS.
Si bien, fueron juzgados por un Tribunal Especial Popular integrado por jueces de carrera, los jurados fueron designados por los partidos políticos y sindicatos de izquierdas de la zona con lo que ello implicaba, dictando diez sentencias de muerte. José Ataz Hernández cuenta en su libro “¿Memoria histórica? sí, pero para todos” que su padre, Joaquín Ataz, formaba parte del jurado como representante del PSOE y que años después, le confesó que había votado contra Federico Servet por orden «expresa, tajante e inexorable» de su partido, a pesar de que se conocían personalmente y del aprecio mutuo desde la juventud. Pero la votación del jurado no permitía ejecutar las sentencias, ya que se necesitaba del visto bueno del Gobierno de la República o caso contrario, aplicarse la pena inmediata inferior en grado, en este caso el indulto.
El periódico murciano “Nuestra Lucha” publicó el domingo 13 de septiembre de 1936 una nota remitida por el Gobierno Civil que decía literalmente: «Se ha aplazado la ejecución de las sentencias dictadas últimamente por el Tribunal Popular hasta que sean aprobadas por el Gobierno de la República» pero ese mismo día 13 de septiembre fueron víctimas de un linchamiento masivo popular y fusilamiento extrajudicial tras el asalto de un grupo de milicianos a la Cárcel Vieja de Murcia. Durante la madrugada anterior comenzaron a escucharse las caracolas de la huerta, las que tradicionalmente avisaban de que el río bajaba crecido y existía peligro de inundación, aquella madrugada también anunciaron la llegada de una multitud exaltada al grito «UHP, la cabeza de Servet» que se concentró ante la cárcel temiéndose que irrumpieran en ella y desencadenara una matanza. Según relatos sobre lo sucedido, Federico Servet llegó a ofrecerse para ser entregado si así se calmaban los ánimos y salvaba la vida de sus compañeros, pero su ofrecimiento no detuvo la violencia. Finalmente, las autoridades penitenciarias cedieron ante la presión popular y los fusiles que debían defender la Prisión, dejaron de apuntar al exterior pasando a ser los ejecutores de los presos.
La historiadora Carmen González Martínez fue catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, Cátedra no precisamente conocida por su imparcialidad pero que lo expresó con absoluta claridad en su libro “Guerra civil en Murcia Un análisis sobre el poder y los comportamientos colectivos.” «…fueron fusilados en los patios de la cárcel provincial por la presión de la multitud sin que las sentencias llegaran a ser cumplimentadas por el Gobierno Republicano», pero la violencia no terminó con las ejecuciones extrajudiciales. La Catedrática escribía «Algunos de los cuerpos fueron profanados y mutilados como si de un macabro ritual de sangre se tratara», en el libro “Amor donde no hay amor, biografía de María Séiquer Gayá” escrito por el sacerdote jesuita Juan Manuel Martín-Moreno González relatando el ensañamiento padecido por el cuerpo de su esposo, el médico Ángel Romero Elorriaga, dice que para quitarle el anillo le cortaron un dedo, le arrancaron una oreja como macabra burla por su condición de otorrinolaringólogo y le cortaron un brazo porque creyeron que la mano introducida en el bolsillo sujetaba una pistola, cuando era un crucifijo. Arrastraron su cadáver por las calles de Murcia y lo colgaron de una morera. El cadáver del sacerdote Sotero González Lerma sufrió también de un terrible ensañamiento.
Mientras sucedía todo esto, la “Murcia roja”, continuaba celebrando su Feria Taurina de septiembre. Ese domingo había una corrida de toros organizada por el partido Izquierda Republicana, partido fundado por Manuel Azaña en abril de 1934 por la unión de Acción Republicana, el Partido Radical Socialista Independiente y la Organización Galleguista. En esos años “torturar animales” era tan políticamente correcto para algunos como torturar a curas, “fascistas” o cualquier otro elemento no afín políticamente. El mismo ejemplar del periódico “Nuestra Lucha” que anunciaba el aplazamiento de las ejecuciones, publicaba también el cartel de la corrida de esa tarde y mientras unas familias afrontaban el asesinato y la profanación de sus seres queridos, en la plaza de toros de Murcia sonaban clarines y timbales.
En declaraciones de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia (o la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia), se refieren a todo lo sucedido como un «incidente». Eso no fue un incidente, fue la matanza de diez personas fusiladas con sus sentencias aplazadas y hay que ser muy mezquinos para llamar a eso un “incidente”. No se puede consistir que se recuerden únicamente a víctimas de un lado borrando de la historia otros crímenes cuando no se rememoran es espacios como el creado a tal efecto en Cárcel Vieja de Murcia. Salvo que pudiéramos calificar todo lo ocurrido en España entre 1931 y 1939 como un “incidente”.
El acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de junio de 2025, ordena explicar y visualizar textualmente: «Las ejecuciones de TODAS las víctimas realizadas en el interior de la prisión durante la guerra de España y durante el franquismo». Por todo ello, desde FE JONS en la Región de Murcia, se formularon públicamente el pasado domingo frente a la Cárcel Vieja, las siguientes exigencias legales a los responsables políticos del Ayuntamiento de Murcia, la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática y a la Delegación de Gobierno:
1º- Al Ayuntamiento de Murcia:
- Que dentro de la Cárcel Vieja se habilite un espacio permanente dedicado a explicar los sucesos del 13 de septiembre de 1936.
- Que se incluyan sus nombres en paneles puramente informativos e historiográficos del museo, donde se tiene de deber de explicación general de los sucesos con recursos audiovisuales, reproduciendo la nota de aplazamiento y el cartel taurino publicados por el periódico “Nuestra Lucha” aquel mismo domingo, explicando que las sentencias, todavía no habían sido aprobadas por el Gobierno de la República y que los fusilamientos se produjeron por la presión de la multitud siendo algunos cadáveres profanados y mutilados.
- Que se reconozca a estas diez personas como "víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la retaguardia" al margen del procedimiento legal entonces vigente. El derecho Internacional, Los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 6: derecho a un juicio justo) y la propia Constitución Española (artículo 24) amparan esta petición y el Ayuntamiento de Murcia tiene competencias plenas para aprobar una moción o declaración institucional que condene las violaciones del derecho a la vida y las ejecuciones sumarias o extrajudiciales cometidas en su término municipal. Jurídicamente, un fusilamiento cometido por una multitud civil o milicias no controladas, es un delito de asesinato y una vulneración flagrante del derecho penal de la época (Código Penal de 1932) al carecer por completo del preceptivo "visto bueno", autorización o ratificación final por parte del Gobierno de la República, requisito obligatorio antes de poder proceder a cualquier fusilamiento.
- Que se estudie individualmente la recuperación de los reconocimientos públicos que tuvieron en el pasado —calles, plazas, placas u otras menciones—, distinguiendo entre política y el legítimo recuerdo de las víctima que no realizaron actos de apología de la dictadura ni participaron en la represión posterior, lo cual es evidente al haber fallecido en septiembre de 1936, exigiendo la creación de una Comisión Técnica de Historiadores Local con el mandato legal de evaluar caso por caso, si la figura de cada fusilado puede recibir una mención en el callejero municipal en calidad estrictamente de "víctima de ejecución extrajudicial", despojando por completo la rotulación de cualquier simbología política.
- Que sus descendientes pudieran ser escuchados, si ese es su deseo, en defensa de la memoria y del honor de sus antepasados asesinados.
2º- A la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática y a la Delegación de Gobierno:
- Que una investigación histórica y arquitectónica determine con precisión el patio o sector en el que se realizaron los fusilamientos y sea señalizado.
3º- A la Delegación de Gobierno:
- Que cada día 13 de septiembre FE JONS o cualquiera asociación o grupos, puedan celebrar de forma pacífica y desde el máximo respeto a todas las víctimas, un acto frente a la Cárcel Vieja con el único afán de recordar a estas diez personas asesinadas.
Solicitamos también al Obispado que mantengan en los muros de la Catedral de Murcia la inscripción «José Antonio Primo de Rivera. ¡PRESENTE!». José Antonio fue condenado y ejecutado durante la Guerra Civil y técnicamente, informes jurídicos y de expertos independientes redactados durante el desarrollo de las políticas de memoria lo encuadran como una «víctima de la contienda» en la retaguardia republicana por la forma en que murió. Defender su memoria no menosprecia a ninguna otra víctima, sino que hace que la dignidad y su recuerdo alcancen a todas, sin exclusiones, y más aún bajo la Cruz catedralicia que a todos acoge y reúne en Paz. Si «todas las víctimas» significa solamente las víctimas de una parte, entonces no estamos construyendo memoria, no construimos nada, sólo avivamos el rencor y el odio, sólo estamos usando políticamente la memoria por el interés de unos en detrimento de los otros.
El mismo día que se hacían estas reivindicaciones en Murcia, por la noche podíamos ver un programa de la Sexta titulado "El encuentro", en el que sentaron cara a cara a Fernando Garrido, víctima de ETA, y al terrorista arrepentido José Miguel Latasa Guetaria (alias 'Fermin'). El documental abordó el brutal atentado con coche bomba perpetrado por el comando Bellotza el 25 de octubre de 1986 en San Sebastián contra el vehículo del gobernador militar de Guipúzcoa. Esta acción terrorista acabó con la vida de Rafael Garrido Gil (general de brigada y gobernador militar), su esposa Daniela Velasco Domínguez, su hijo de 16 años Daniel Garrido Velasco, y la ciudadana portuguesa María José Teixeira Gonçalvez, quien falleció días después debido a las heridas de la onda expansiva. El programa concluye con un emotivo y privado abrazo de reconciliación tras una hora y media de conversación a solas, culminando con el perdón explícito de Fernando Garrido hacia el exetarra José Miguel Latasa. El espacio, emitido por Salvados, pretendía explorar los límites del perdón, visibilizar los procesos de reinserción y humanizar la memoria de las víctimas ante el dolor causado. Algo que personalmente, estimo muy necesario, sobre todo por la paz que deben alcanzar tanto víctimas como verdugos para poder continuar adelante con sus vidas.
Deberíamos de preguntarnos seriamente los motivos por los que, en los últimos años, mientras se hacen esfuerzos denodados por reintegrar a la sociedad y la política activa a auténticos asesinos o sus colaboradores directos en organizaciones políticas, herederas de una banda terrorista que hasta hace “cuatro días” y por la espalda, asesinaban indiscriminadamente y secuestraban por motivos políticos. Por otra parte, y aun habiéndose desarrollado leyes para recordar a todas las victima con independencia de su ideología que hayan sufrido daño físico, moral, psicológico o patrimonial debido a violaciones de los derechos humanos entre el 18 de julio de 1936 y hasta la entrada en vigor de la Constitución de diciembre de 1978. Se esté fomentado el odio o directamente, un descarado olvido hacia a ellas desde las propias instituciones públicas o los propios partidos políticos promotores o no, de legislaciones sobre memoria histórica o democrática.
Juan C. Carrillo.
